El 23 de Febreo de 1983, el Consejo de Ministros decreta la expropiación forzosa del grupo al amparo de las previsiones contenidas en los artículos 33.3 y 128.2 de la Constitución española. Las razones aducidas en el decreto de expropiación son:
§ La reiterada falta de auditorias externas a los bancos del grupo como de sus sociedades más importantes desde el año 1978.
§ La permanente obstrucción a la actividad inspectora del BE.
§ Los desproporcionados riesgos asumidos por los bancos que financiaban internamente al grupo con respecto de la solvencia del grupo
§ La desatención a las múltiples advertencias de las autoridades monetarias a Rumasa, recomendando una política más prudente de inversiones y una desconcentración de riesgos.
§ La arriesgada espiral de adquisiciones e inversiones del grupo.
§ Una deuda con la SSl de 350.000 millones de pesetas, pues no ingresaba a Hacienda el I.R.P.F.. que descontaba a los 65.000 trabajadores. Este hecho fue el detonante de la expropiación porque se temía que corría peligro la economía de todo el país.
El gobierno usó la expropiación en lugar de una intervención limitada a los bancos por la complejidad del entramado del grupo y al no considerar los problemas como coyunturales, sino estructurales. Entre las razones aducidas estaban la utilidad pública e interés social, la defensa de la estabilidad del sistema financiero y de los intereses legítimos de los depositantes y trabajadores, y finalmente el respeto de los derechos de los accionistas mediante el pago por sus acciones.
Miguel BOYER, ministro de economía y hacienda cuando se produjo la expropiación y uno de los responsables últimos de la misma, afirmó en 1997 que: «la expropiación de Rumasa no fue una medida sancionadora o punitiva contra Ruiz-Mateos por unos presuntos delitos que hubieran correspondido a los tribunales depurar. Fue una medida de política económica, con la que se quiso evitar la crisis total de un grupo en quiebra, que, en las difíciles circunstancias de 1983, nos pareció que podría tener unas consecuencias muy graves».
La Policía Nacional española registró y precintó las distintas sedes de Rumasa el mismo 23 de febrero de 1983, iniciando así públicamente el proceso de expropiación por el gobierno español.
Los métodos de ejecución de esta expropiación hicieron que surgieran numerosas teorías conspirativas acerca de la misma. Estas teorías se detallan más abajo.http://www.elpais.com/articulo/economia/BRAVO_DE_LAGUNA/_JOSE_MIGUEL/BOYER/_MIGUEL/ESPANA/RUMASA/SEGURIDAD_SOCIAL/BANCO_DE_ESPANA/PRESUPUESTOS_GENERALES_DEL_ESTADO_/HASTA_1999/elpepieco/19831029elpepieco_11/Tes
Noticia de prensa en la cual se ve lo que necesitó Rumasa de ayudas oficiales
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