economía del sector público
sábado, 11 de diciembre de 2010
EJEMPLO (AGUA)
Ejemplo histórico
Tal proceso sucedió en la industria de agua en el diecinueveavo siglo Gran Bretaña. Encima hasta del mediados de-diecinueveavo siglo, el parlamento desalentó la implicación municipal en abastecimiento de agua; en 1851, las compañías privadas tenían 60% del mercado. La competición entre las compañías en márgenes de beneficio bajados más grandes de las ciudades industriales, como compañías podía menos practicar un suficiente precio para la instalación de redes en nuevas áreas. De áreas con la competición directa (con dos sistemas de cañerías), generalmente en el borde de los territorios de sociedades, los márgenes de beneficio eran los más bajos de todos. Tales situaciones dieron lugar a costes más altos y un rendimiento más bajo, como dos redes, ni unas ni otras utilizaron a la capacidad, fue utilizado. Con un número limitado de las casas que podrían producir sus servicios, la extensión de las redes retardadas, y muchas compañías eran apenas provechosas. Con una carencia del agua y millares que demandan del saneamiento de vidas en epidemias periódicas, municipalisation fueron procedidos rápidamente después de 1860, y de él los municipios que podían levantar las finanzas para la inversión que no podrían las compañías privadas en muchos casos. Algunos bien-funcionan las compañías privadas que trabajaron junto con sus ciudades locales y sobrevivieron las ciudades (ganando monopolios legales y de tal modo la seguridad financiera para invertir como sea necesario), proveyendo del alrededor 20% de la población agua incluso hoy. El resto de la industria de agua adentro Inglaterra y País de Gales era reprivatised bajo la forma de 10 monopolios regionales en 1989.
Vinculación del sector hídrico a la economía nacional
Los responsables de la formulación de políticas económicas tienden a abordar los aspectos normativos uno por uno, estableciendo los objetivos de las políticas en términos unidimensionales. Este método plantea dificultades, porque toda política encaminada a alcanzar un único objetivo suele tener consecuencias impensadas y no reconocidas. Los encargados de la ordenación de las aguas y de la formulación de políticas deben evaluar la gama completa de intervenciones estatales para entender todas sus repercusiones económicas, sociales y ambientales sobre un determinado sector, región o grupo de personas.
Para mejorar la ordenación de los recursos hídricos es preciso reconocer la vinculación que existe entre este sector y la economía nacional. Igualmente importante es entender de qué manera los diferentes instrumentos de política económica influyen sobre la utilización del agua en los distintos sectores económicos, a nivel local, regional y nacional, y en los hogares, fincas y empresas. Por demasiado tiempo, muchos administradores de recursos hídricos han ignorado la conexión existente entre las políticas macroeconómicas y sus repercusiones, por ejemplo, sobre sectores técnicos tales como el riego.
Las políticas macroeconómicas y las políticas sectoriales no centradas específicamente en los recursos hídricos pueden tener un efecto estratégico sobre la distribución de los recursos y la demanda agregada en la economía. La estrategia global de desarrollo de un país y la utilización de sus políticas macroeconómicas -fiscal, monetaria y comercial- influyen directa e indirectamente sobre la demanda y la inversión en actividades relacionadas con el agua. El ejemplo más claro está dado por los gastos públicos (la política fiscal) en el riego, el control de las inundaciones o los embalses.
Un ejemplo menos evidente es el de una política comercial y cambiaria orientada a promover las exportaciones y conseguir más divisas. Como consecuencia de la depreciación monetaria pueden aumentar las exportaciones de cultivos de alto valor que consumen mucha agua. Si además otros cambios de política reducen los derechos de exportación, los agricultores tendrán un incentivo aún mayor a invertir en esos cultivos de exportación y en el riego necesario (Recuadro 12).
Las estrategias nacionales de desarrollo pueden influir directamente en la distribución y el aprovechamiento del agua de otras maneras. En el caso de una estrategia encaminada a la autosuficiencia alimentaria, el Estado puede subvencionar insumos que requieren mucha agua para alentar a los agricultores a producir más arroz. Al ofrecer incentivos financieros a los productores de arroz, está influyendo en la demanda de agua y en la inversión privada en el riego a través de la política de precios.
Aparte de las repercusiones directas de tales políticas de precios sobre la utilización de agua, la mayor demanda de agua de riego tiene también efectos inter e intrasectoriales, distributivos y ambientales. El sector agrícola adquiere una ventaja económica en el acceso al agua con respecto al sector industrial (efecto intersectorial); el agua utilizada para el arroz obtiene una ventaja económica con respecto a la que se emplea para otros cultivos (efecto intrasectorial); los productores de arroz con más tierras y acceso al agua resultan más favorecidos que los que tienen pocas tierras y poca agua (efecto distributivo); y el mayor empleo de plaguicidas y fertilizantes afectará, probablemente, a la calidad del agua (efecto ambiental).
Las políticas sectoriales influyen sobre la utilización y distribución del agua en los sectores no agrícolas de diferentes formas. Por ejemplo, en la región occidental de los Estados Un idos, entre el 70 y el 80 por ciento de la producción de agua procede del derretimiento de las nieves en los bosques de las tierras más altas, muchas de los cuales se hallan bajo jurisdicción estatal. Las políticas de explotación maderera de estas tierras influyen considerablemente sobre los rendimientos de agua. Las políticas de ordenación de los pastos a altitudes más bajas también alteran las condiciones de la vegetación y modifican la tasa de evapotranspiración, lo que a su vez afecta al caudal de los ríos y la recarga de los acuíferos23. En tales casos, es importante que los responsables del agua en las ciudades situadas río abajo reconozcan, entiendan y compartan las decisiones de otros sectores, como el ganadero y el forestal.
Donde el agua tiene el valor del petroleo por su poca cantidad y privatización.
Tal proceso sucedió en la industria de agua en el diecinueveavo siglo Gran Bretaña. Encima hasta del mediados de-diecinueveavo siglo, el parlamento desalentó la implicación municipal en abastecimiento de agua; en 1851, las compañías privadas tenían 60% del mercado. La competición entre las compañías en márgenes de beneficio bajados más grandes de las ciudades industriales, como compañías podía menos practicar un suficiente precio para la instalación de redes en nuevas áreas. De áreas con la competición directa (con dos sistemas de cañerías), generalmente en el borde de los territorios de sociedades, los márgenes de beneficio eran los más bajos de todos. Tales situaciones dieron lugar a costes más altos y un rendimiento más bajo, como dos redes, ni unas ni otras utilizaron a la capacidad, fue utilizado. Con un número limitado de las casas que podrían producir sus servicios, la extensión de las redes retardadas, y muchas compañías eran apenas provechosas. Con una carencia del agua y millares que demandan del saneamiento de vidas en epidemias periódicas, municipalisation fueron procedidos rápidamente después de 1860, y de él los municipios que podían levantar las finanzas para la inversión que no podrían las compañías privadas en muchos casos. Algunos bien-funcionan las compañías privadas que trabajaron junto con sus ciudades locales y sobrevivieron las ciudades (ganando monopolios legales y de tal modo la seguridad financiera para invertir como sea necesario), proveyendo del alrededor 20% de la población agua incluso hoy. El resto de la industria de agua adentro Inglaterra y País de Gales era reprivatised bajo la forma de 10 monopolios regionales en 1989.
Vinculación del sector hídrico a la economía nacional
Los responsables de la formulación de políticas económicas tienden a abordar los aspectos normativos uno por uno, estableciendo los objetivos de las políticas en términos unidimensionales. Este método plantea dificultades, porque toda política encaminada a alcanzar un único objetivo suele tener consecuencias impensadas y no reconocidas. Los encargados de la ordenación de las aguas y de la formulación de políticas deben evaluar la gama completa de intervenciones estatales para entender todas sus repercusiones económicas, sociales y ambientales sobre un determinado sector, región o grupo de personas.
Para mejorar la ordenación de los recursos hídricos es preciso reconocer la vinculación que existe entre este sector y la economía nacional. Igualmente importante es entender de qué manera los diferentes instrumentos de política económica influyen sobre la utilización del agua en los distintos sectores económicos, a nivel local, regional y nacional, y en los hogares, fincas y empresas. Por demasiado tiempo, muchos administradores de recursos hídricos han ignorado la conexión existente entre las políticas macroeconómicas y sus repercusiones, por ejemplo, sobre sectores técnicos tales como el riego.
Las políticas macroeconómicas y las políticas sectoriales no centradas específicamente en los recursos hídricos pueden tener un efecto estratégico sobre la distribución de los recursos y la demanda agregada en la economía. La estrategia global de desarrollo de un país y la utilización de sus políticas macroeconómicas -fiscal, monetaria y comercial- influyen directa e indirectamente sobre la demanda y la inversión en actividades relacionadas con el agua. El ejemplo más claro está dado por los gastos públicos (la política fiscal) en el riego, el control de las inundaciones o los embalses.
Un ejemplo menos evidente es el de una política comercial y cambiaria orientada a promover las exportaciones y conseguir más divisas. Como consecuencia de la depreciación monetaria pueden aumentar las exportaciones de cultivos de alto valor que consumen mucha agua. Si además otros cambios de política reducen los derechos de exportación, los agricultores tendrán un incentivo aún mayor a invertir en esos cultivos de exportación y en el riego necesario (Recuadro 12).
Las estrategias nacionales de desarrollo pueden influir directamente en la distribución y el aprovechamiento del agua de otras maneras. En el caso de una estrategia encaminada a la autosuficiencia alimentaria, el Estado puede subvencionar insumos que requieren mucha agua para alentar a los agricultores a producir más arroz. Al ofrecer incentivos financieros a los productores de arroz, está influyendo en la demanda de agua y en la inversión privada en el riego a través de la política de precios.
Aparte de las repercusiones directas de tales políticas de precios sobre la utilización de agua, la mayor demanda de agua de riego tiene también efectos inter e intrasectoriales, distributivos y ambientales. El sector agrícola adquiere una ventaja económica en el acceso al agua con respecto al sector industrial (efecto intersectorial); el agua utilizada para el arroz obtiene una ventaja económica con respecto a la que se emplea para otros cultivos (efecto intrasectorial); los productores de arroz con más tierras y acceso al agua resultan más favorecidos que los que tienen pocas tierras y poca agua (efecto distributivo); y el mayor empleo de plaguicidas y fertilizantes afectará, probablemente, a la calidad del agua (efecto ambiental).
Las políticas sectoriales influyen sobre la utilización y distribución del agua en los sectores no agrícolas de diferentes formas. Por ejemplo, en la región occidental de los Estados Un idos, entre el 70 y el 80 por ciento de la producción de agua procede del derretimiento de las nieves en los bosques de las tierras más altas, muchas de los cuales se hallan bajo jurisdicción estatal. Las políticas de explotación maderera de estas tierras influyen considerablemente sobre los rendimientos de agua. Las políticas de ordenación de los pastos a altitudes más bajas también alteran las condiciones de la vegetación y modifican la tasa de evapotranspiración, lo que a su vez afecta al caudal de los ríos y la recarga de los acuíferos23. En tales casos, es importante que los responsables del agua en las ciudades situadas río abajo reconozcan, entiendan y compartan las decisiones de otros sectores, como el ganadero y el forestal.
Donde el agua tiene el valor del petroleo por su poca cantidad y privatización.
RUMASA EXPROPIACIÓN FRENTE A INTERVENCIÓN ESTATAL
El 23 de Febreo de 1983, el Consejo de Ministros decreta la expropiación forzosa del grupo al amparo de las previsiones contenidas en los artículos 33.3 y 128.2 de la Constitución española. Las razones aducidas en el decreto de expropiación son:
§ La reiterada falta de auditorias externas a los bancos del grupo como de sus sociedades más importantes desde el año 1978.
§ La permanente obstrucción a la actividad inspectora del BE.
§ Los desproporcionados riesgos asumidos por los bancos que financiaban internamente al grupo con respecto de la solvencia del grupo
§ La desatención a las múltiples advertencias de las autoridades monetarias a Rumasa, recomendando una política más prudente de inversiones y una desconcentración de riesgos.
§ La arriesgada espiral de adquisiciones e inversiones del grupo.
§ Una deuda con la SSl de 350.000 millones de pesetas, pues no ingresaba a Hacienda el I.R.P.F.. que descontaba a los 65.000 trabajadores. Este hecho fue el detonante de la expropiación porque se temía que corría peligro la economía de todo el país.
El gobierno usó la expropiación en lugar de una intervención limitada a los bancos por la complejidad del entramado del grupo y al no considerar los problemas como coyunturales, sino estructurales. Entre las razones aducidas estaban la utilidad pública e interés social, la defensa de la estabilidad del sistema financiero y de los intereses legítimos de los depositantes y trabajadores, y finalmente el respeto de los derechos de los accionistas mediante el pago por sus acciones.
Miguel BOYER, ministro de economía y hacienda cuando se produjo la expropiación y uno de los responsables últimos de la misma, afirmó en 1997 que: «la expropiación de Rumasa no fue una medida sancionadora o punitiva contra Ruiz-Mateos por unos presuntos delitos que hubieran correspondido a los tribunales depurar. Fue una medida de política económica, con la que se quiso evitar la crisis total de un grupo en quiebra, que, en las difíciles circunstancias de 1983, nos pareció que podría tener unas consecuencias muy graves».
La Policía Nacional española registró y precintó las distintas sedes de Rumasa el mismo 23 de febrero de 1983, iniciando así públicamente el proceso de expropiación por el gobierno español.
Los métodos de ejecución de esta expropiación hicieron que surgieran numerosas teorías conspirativas acerca de la misma. Estas teorías se detallan más abajo.http://www.elpais.com/articulo/economia/BRAVO_DE_LAGUNA/_JOSE_MIGUEL/BOYER/_MIGUEL/ESPANA/RUMASA/SEGURIDAD_SOCIAL/BANCO_DE_ESPANA/PRESUPUESTOS_GENERALES_DEL_ESTADO_/HASTA_1999/elpepieco/19831029elpepieco_11/Tes
Noticia de prensa en la cual se ve lo que necesitó Rumasa de ayudas oficiales
LA FINANCIACIÓN DE LA EMPRESA PÚBLICA
Las empresas públicas se financian con cargo a los recursos del Tesoro Público, de los procedentes del mercado financiero y de los obtenidos de los beneficios de explotación. El grado en que una empresa acuda a cada una de estas tres fuentes de financiación depende de múltiples factores, tanto de carácter “permanente” (forma jurídica de la empresa, sector de actividad, etc.) como de naturaleza “transitoria” (situación de los mercados financieros, política económica coyuntural, etc).
A grandes líneas se encuentra una correlación entre la actividad económica desarrollada por la empresa, la forma jurídica de la misma y su estructura financiera. Existen, sin embargo diferencias considerables en los mecanismos de financiación de las empresas públicas utilizados en las diferentes naciones.
Los recursos entregados por el Tesoro a las empresas públicas, excepción hecha de los asignados a suscribir acciones, pueden serlo a título de fondos de dotación, préstamos o subvenciones.
El fondo de dotación viene a representar lo que el capital en una sociedad. La práctica de la concesión de dotaciones de capital, muy restringida en un principio, se ha ido extendiendo cada vez más. Entre los países comunitarios su utilización ha tenido lugar, básicamente, en Francia e Italia.
Los préstamos del Tesoro u otros organismos públicos a las empresas públicas tiene un uso más generalizado que las dotaciones de capital, siendo una modalidad de financiación prácticamente común a todos los países comunitarios. Para las public corporations británicas estos préstamos son desde 1956 el principal, casi único, medio de financiación externa. Los préstamos pueden ser otorgados directamente por el Tesoro o a través de otros organismos públicos (FDES en Francia, Cassa Depositi e Prestiti en Italia, etc.). Los intereses aplicados varían considerablemente de unos países a otros y de unas empresas a otras.
Como regla general se considera que las empresas públicas deben cubrir costes y obtener un resultado económico positivo. De ahí que, en principio, el Estado no se comprometa a saldar el déficit experimentado por una empresa, sino que éste se cubrirá con un crédito o tratará de evitarse mediante la concesión de determinadas ventajas (tipo de interés reducido, exenciones tributarias, etc.). Si el déficit de la empresa es crónico, en algún momento el Estado tendrá que hacer frente al mismo enjugando las pérdidas en que la empresa haya incurrido. En algunos países (Dinamarca, Holanda, etc.) el Estado se encarga de cubrir tan sólo los déficit de las empresas pertenecientes a determinadas categorías jurídicas.
Las subvenciones para borrar los déficit no son sino una forma de las varias que pueden adoptar las transferencias del Estado a las empresas públicas, y que se resumen en los tres grupos siguientes:
1. Subvenciones de equilibrio: con la finalidad anteriormente señalada;
2. Transferencias de capital: para cubrir una parte de las inversiones de la empresa, que sean de interés general, y
3. Subvenciones de explotación: para compensar ciertas cargas en la explotación impuesta a una empresa pública.
En la financiación con cargo al mercado financiero debemos distinguir los recursos obtenidos por emisión de acciones, emisión de obligaciones y créditos. La emisión de acciones realizada por las sociedades de propiedad pública procura a la empresa fondos estatales destinados a la suscripción de aquéllas. Esto equivale a las dotaciones de capital analizadas anteriormente. En el caso de sociedades mixtas, una parte de los fondos conseguidos por la empresa mediante la emisión de acciones procede del sector privado. La importancia de estos recursos privados estará íntimamente relacionada, por tanto, con el número y tamaño de las sociedades mixtas de un país. De los países comunitarios es en Italia donde las empresas mixtas juegan un papel más destacado. Para que el sector privado acuda a suscribir parte del capital de una empresa pública, ésta deberá atenerse en su gestión a ciertas condiciones, lo que no ocurre para empresas de propiedad pública total.
La posibilidad de las empresas públicas de acudir al mercado financiero para emitir obligaciones y conseguir préstamos varía, según los países y las empresas. De forma esquemática, se apuntan las cuatro alternativas siguientes:
1. Que no exista ninguna disposición que permita el recurso a otros medios financieros externos que los provenientes del Tesoro Público.
2. Que sólo se permita el acceso a los créditos a corto plazo (public corporations británicas, empresas municipalizadas italianas, etc.).
3. Que sólo se permitan los empréstitos a largo plazo procedentes de instituciones públicas (caso de las aziende autonome italianas).
4. Que no existan limitaciones especiales para el recurso al mercado monetario y de capitales, situación ésta la más general en Francia, Italia y Alemania.
Las obligaciones constituyen un medio de financiación de las empresas públicas de singular importancia. Se trata en este caso de emisiones realizadas por el Tesoro u otros organismos públicos, con cuyos fondos se procederá más tarde a financiar a las empresas públicas. Ahora nos referimos a las obligaciones emitidas directamente por las empresas públicas. El aspecto más debatido en relación a las mismas es el de las ventajas concedidas a estos títulos para su aceptación en el mercado. Tales ventajas existen en casi todos los países y se presentan en forma muy variada: garantía estatal, bonificaciones impositivas, libres de comisiones, etc.
En realidad, todo el esquema financiero de estas empresas dependerá de sus posibilidades de autofinanciación, que dependerá en última instancia del nivel alcanzado de beneficios brutos. Dada la multitud de factores que influyen en este resultado es evidente que en este terreno no pueden hacerse generalizaciones. Únicamente cabe afirmar que, por regla general, las empresas públicas se autofinancian en una medida menor que las empresas privadas, aunque dentro del campo de las empresas públicas existe, a este respecto, una gran diversidad de situaciones. En cualquier nación europea se encuentran tres empresas públicas con un nivel muy satisfactorio de autofinanciación, con un nivel discreto y con un nivel totalmente insuficiente para las necesidades empresariales. Para que las empresas públicas puedan llevar a cabo eficazmente una política financiera, es preciso eliminar previamente la incertidumbre sobre los términos económicos y financieros en que se desarrolla su actividad, ya que de lo contrario cualquier tipo de previsión o planificación financiera estará condenada al fracaso. La preocupación sentida en los últimos años por basar el control de las empresas públicas en criterios de racionalidad económica, ha servido para definir mejor y más claramente las relaciones entre las empresas públicas y el Gobierno, especialmente las relaciones financieras.
En este artículo se habla de la privatización de empresas públicas para recortar los gastos del gobierno.
FUTURO DE LA EMPRESA PUBLICA
Una muestra de esta postura es Schwartz, donde se dice que «es probable que el
movimiento privatizador se extienda paulatinamente a la prestación de grandes servicios sociales, como son la educación, la sanidad y las pensiones de la Seguridad Social; la atención privada de los mismos despolitizaría grandes zonas de la vida social, con efectos positivos en materia de libertad personal.
En el futuro la empresa pública no tiene sentido ya que el Estado se va a encargar de la prestación de los grandes servicios como afirma la postura de Schwartz, la empresa pública no tendra sentido aunque esto no significa que el Estado no tenga que autorregular a las empresas privadas para su buen funcionamiento.
.
http://translate.google.es/translate?hl=es&langpair=en|es&u=http://blogs.wsj.com/capitaljournal/2010/01/26/obamas-gamble-on-populism-is-a-wager-on-his-political-future/
Obamma quiere dirigir en el futuro hacia la la no privatización sobre la sanidad y la economía a través de impuestos a los ricos.
http://noticias.terra.com.pe/internacional/europa/espana-toma-medidas-para-impulsar-economia,a96c19bfc4cac210VgnVCM20000099f154d0RCRD.html
El Gobierno de España ha decidido privatizar el 49% de Aena, además de la concesión de los dos aeropuertos más importantes de España como son Barajas y el Prat.
movimiento privatizador se extienda paulatinamente a la prestación de grandes servicios sociales, como son la educación, la sanidad y las pensiones de la Seguridad Social; la atención privada de los mismos despolitizaría grandes zonas de la vida social, con efectos positivos en materia de libertad personal.
En el futuro la empresa pública no tiene sentido ya que el Estado se va a encargar de la prestación de los grandes servicios como afirma la postura de Schwartz, la empresa pública no tendra sentido aunque esto no significa que el Estado no tenga que autorregular a las empresas privadas para su buen funcionamiento.
.
http://translate.google.es/translate?hl=es&langpair=en|es&u=http://blogs.wsj.com/capitaljournal/2010/01/26/obamas-gamble-on-populism-is-a-wager-on-his-political-future/
Obamma quiere dirigir en el futuro hacia la la no privatización sobre la sanidad y la economía a través de impuestos a los ricos.
http://noticias.terra.com.pe/internacional/europa/espana-toma-medidas-para-impulsar-economia,a96c19bfc4cac210VgnVCM20000099f154d0RCRD.html
El Gobierno de España ha decidido privatizar el 49% de Aena, además de la concesión de los dos aeropuertos más importantes de España como son Barajas y el Prat.
jueves, 9 de diciembre de 2010
EMPRESA PÚBLICA EN ESPAÑA (PPOS SIGLO XX)
Con la Dictadura de Primo de Rivera se expandió el sector público,sobre todo la banca.
Por otra parte, en los Bancos Hipotecario y de Crédito Industrial se ampliaron las prerrogativas de la ya exiDelegación del Gobierno. Aparte de la actuación en el crédito, el sector público se expande consorcio Nacional Almadrabero, el Canal Urgel y la creación,en 1927, del monopolio de petróleo con propósito
fiscal y, en un sentido distinto, en 1924 de la CompañíaTelefónica —nacionalizada en 1945.
Durante la Guerra Civil, en el lado republicano, se intensificóla intervención económica, pero en lo referenteal sistema empresarial, más bajo fórmulas cooperativas que estrictamente de empresas públicas.
La empresa pública en España tiene un fuerte desarrollo con las dos dictaduras militares de derechas, las de los generales Primo de Rivera y Franco (en el segundo caso, sobre
todo en el período 1941-1960), y la política de privatizaciones se inició con la llegada al Gobierno de un partido socialista, especialmente desde 1993 precisamente el mismo partido que en diciembre de
1976, a seis meses de las primeras elecciones generales,propugnaba la cuasi desaparición de la empresaprivada.Estas aparentes contradicciones se deben en buena parte a los contextos temporales e ideológicos y a losmarcos de las políticas internacionales, en los que las políticas de creación de empresas públicas o de privatizaciones tienen lugar en nuestro país, aparte de a unfactor relacionado con la ideología concreta de los políticos en el poder.
La autarquía y la empresa pública
El INI fue uno de los instrumentos del régimen franquista para potenciar la autarquía. Franco defendió la autosuficiencia
En la Ley de creación del INI hay numerosas menciones a la conveniencia de la autarquía (y, además,el pensamiento fascista de Mussolini, defensor de la relación entre autarquía nacional e independencia, tenía, especialmente en aquella época, amplia repercusión en la España oficial: de hecho el INI español estuvo basado en el IRI italiano)3.
Durante las dos primeras décadas de su existencia (coincidiendo con la presidencia de Suanzes), el INIacumula una importante tasa de inversión directa en las empresas en las que participó, primándose en cierta forma el volumen de producción sin tener demasiado en cuenta otros criterios de carácter económico, como el coste asociado a dicha producción. Por otra parte, se va a desarrollar la función del holding INI como «hospital de empresas» privadas en crisis—con poco éxito en el medio plazo y sin racionalidad económica, dado que esta función estaba a menudo basada
en la influencia sociopolítica de la empresa o de sus propietarios5.
La subsidiariedad y la empresa publica
A finales de los cincuenta los dogmas económicos de
las dos primeras décadas del franquismo estaban en crisis y se van a ir sustituyendo por otros enfoques más favorables a una mayor apertura, como se pone de manifiestocon el Plan de Estabilizaciones de 1959. Para la empresa pública ello va a implicar un papel
más secundario, pasando, al menos en teoría, a una función «subsidiaria» de la empresa privada. Estoscambios se pueden simbolizar también con la salida en 1963, de la Presidencia del INI de Suanzes y con elrecorte de la autonomía de la que hasta ese momentohabía disfrutado el INI cuando, en 1968, deja de depender de la Presidencia para pasar al Ministerio deIndustria.A comienzos de los setenta, la política del INI intentaponer un mayor énfasis en la racionalización del sector público empresarial y en incrementar su eficiencia. Seprofundiza en la tendencia de dar importancia a criteriosde carácter económico y empresarial, en perjuicio de lospuramente expansivos o de incremento de la producciónindustrial que habían venido primando de las dosprimeras décadas. Aunque la realidad posterior se separe de las palabras, se pueden resumir las intenciones del recién nombrado Presidente del INI en 1970, ClaudioBoada, de la siguiente manera: «todas las empresaspúblicas tienen que ganar dinero, a menos que actúen en un campo en el que las pérdidas sean juzgadas convenientespor motivos sociales; si tales pérdidas se creen necesarias, deberían ser financiadas directamente a costa del presupuesto; si las compañías públicas actúan en competencia con privadas que ganan dinero,las pérdidas no serían justificables y las compañías deben
ser disueltas o cedidas».En el «lenguaje de los hechos», aunque las ventasno fueran significativas, en los tres años de Presidencia de Boada se produjeron diversas enajenaciones (la palabra privatización todavía no se utilizaba) totalesy parciales. Entre ellas podríamos citar la de Intelhorce(en la que los compradores se comprometían a mantener el empleo) y la de Unión Eléctrica. Esto no quiere decir que estos primeros años de la década fueran un punto de inflexión en la expansión de la empresa
publica, ya que con el mismo Presidente que se realizan estas ventas, el INI se sigue expandiendo penetrando en nuevos sectores, como el gas (se crea ENAGÁS), la electricidad y la informática. Adicionalmente,el INI sigue realizando una política de acción regional (creación de los SODIS) y de «salvamento de empresas» (un ejemplo de esta época fue el de
ASTANO). En el período que va de 1974 a 1977 se juntan losefectos de la crisis económica con los últimos años del régimen existente en España desde la Guerra Civil.En el INI se suceden varios Presidentes y la cuenta de resultados muestra un progresivo deterioro. Se introducen sistemas de planificación y control, y se intenta fortalecer la cabecera del INI frente al reino de taifas que regía en las grandes empresas (con escasos resultados). En este período se crean y se continúa con la labor de «hospital de empresas» (por ejemplo, el INI entra en el astillero Hijos de J. Barreras y en el Grupo de Empresas Álvarez).
Aquí aparecen las causas que dierón a Primo de Rivera un buen clima para conseguir sus objetivos económicos.
En esta página web existe un Pdf que a partir de la pág.93 trata de la acción interventora de Primo de Rivera.
http://www.revistasice.com/cmsrevistasICE/pdfs/ICE_811_221-234__486A8C36CDC43C4E82C19202BF86B853.pdf
En dicha página web aparecen las evoluciones de la empresa pública dentro del periodo franquista.
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